Con 18 votos en 31, la Junta Departamental de Canelones aprobó la regulación del transporte privado mediante aplicaciones móviles, como Uber o Cabify. Se vivieron momentos de tensión durante la sesión, que finalmente dio luz verde a la habilitación. El proyecto, que dispone nuevos derechos y obligaciones para el servicio de transporte por aplicaciones móviles, obtuvo 18 votos afirmativos —por parte del oficialismo— y 13 votos negativos.
En medio de protestas de taxistas que estaban en las barras del deliberativo, una mayoría de ediles de 18 y 31 años votaron a favor de permitir ese servicio de transporte en el departamento.
El edil Joaquín Cambón del MPP dijo este miércoles a Radio Monte Carlo que se llegó a la instancia tras un largo análisis y discusión para un tema que parecía sensato.
El edil Cambón entiende que con la autorización de las aplicaciones mejorará la movilidad y no se afectará los empleos actuales sino por el contrario se crearán otros.
El tema será ahora reglamentado por la Intendencia de Canelones que entre otros aspectos determinará el número de vehículos que habilitará.
¿Qué propone el proyecto de habilitación del servicio de transporte por aplicaciones móviles?
Aplicaciones como Uber funcionan en Montevideo desde fines de 2015 y también tienen presencia en Maldonado. De ahí que el proyecto analizado por la Junta Departamental de Canelones señale que la iniciativa responde a la necesidad de modernizar la movilidad, garantizar el derecho al transporte seguro y formalizar una actividad ya existente, complementando el sistema tradicional.
La iniciativa fija un canon de 0,45 UI por kilómetro recorrido, recaudado mensualmente a través de las plataformas, que será destinado a un fondo para la mejora del transporte público departamental.
Según detalla el articulado, las plataformas electrónicas deben estar autorizadas y los choferes que participen de esta modalidad en el departamento deben tener domicilio en Canelones, presentar declaraciones juradas mensuales, operar exclusivamente con pagos electrónicos, informar tarifas previamente y garantizar trazabilidad, seguridad y disponibilidad del servicio las 24 horas.
También se establece un régimen de sanciones con multas, suspensiones e inhabilitaciones tanto para permisarios como para plataformas, y se dispone que la norma entre en vigencia diez días después de su publicación.
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